A la espera de la auditoría en Bolivia
Los responsables de Repsol se muestran poco optimistas sobre el futuro de la compañía en Bolivia, que está a la espera de que se inicie la auditoría que determinará el valor de sus activos en el país andino, expropiados por el Gobierno boliviano en el decreto de nacionalización. Morales dio seis meses de plazo para que las petroleras afectadas (Repsol y Petrobras, principalmente) firmaran nuevos contratos de prestación de servicios, que sustituirían al actual régimen de concesión. El primer paso es calcular mediante una auditoría (el Gobierno ha abierto un proceso de selección entre firmas auditoras), el valor de los activos, que se descontará, en su caso, del valor de los nuevos contratos que se ofrezcan. La diferencia será reclamada por Repsol al Gobierno boliviano.
Fuentes cercanas a las empresas opinan que, de no alcanzarse un acuerdo con Repsol o Petrobras, el futuro de la producción de gas en Bolivia es incierta, pues estas dos compañías controlan los dos grandes mercados vecinos (Argentina y Brasil) y tienen proyectos de infraestructuras que podrían parar.
En la auditoría sobre las reservas que Repsol presentará esta semana, Bolivia pesará, pues supone un 18% de las reservas del grupo, pero menos de lo que se cree, pues el valor del gas, medido en barriles equivalente de petróleo, es muy inferior al del crudo.